Finalización de la política de paz total: incremento de victimizaciones y situaciones de riesgo contra las Personas en Proceso de Reincorporación
El 3er Informe Trimestral PAZES expone un preocupante incremento de victimizaciones y situaciones de riesgo contra las Personas en Proceso de Reincorporación en Colombia. El documento analiza cómo la finalización de la política de paz total y el cambio hacia una estrategia de seguridad basada en resultados militares han generado un entorno de incertidumbre e inseguridad jurídica. Asimismo, detalla que regiones como el suroccidente del país, especialmente el departamento del Cauca, concentran la mayor cantidad de homicidios, atentados y afectaciones a firmantes del acuerdo. Finalmente, las cifras de la Unidad Nacional de Protección reflejan un debilitamiento institucional y un alto volumen de solicitudes de emergencia debido a desplazamientos forzados y hostigamientos de actores armados ilegales.
El tercer trimestre del año 2026, según este 3er Informe Trimestral PAZES, representa una coyuntura política y de seguridad en Colombia marcada por la transición de gobierno. La posesión del presidente Abelardo De La Espriella el 7 de agosto de 2026 reorientó la estrategia estatal hacia el combate militar de los grupos armados ilegales, desmantelando de manera explícita la política de Paz Total impulsada por la administración previa.
Esta postura, respaldada por mayorías parlamentarias que redujeron el presupuesto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), constituye un grave debilitamiento de las instituciones creadas para la implementación del Acuerdo de Paz. Como consecuencia de esta ruptura en los diálogos de negociación, se ha generado un clima de incertidumbre, inseguridad jurídica e incremento sustancial de los factores de riesgo para las personas en proceso de reincorporación.
Cómo ha afectado el cambio de política la seguridad de las y los firmantes de paz
En este Tercer Informe Trimestral PAZES se evidencia cómo el viraje hacia una política de seguridad basada exclusivamente en la confrontación militar abierta y la cuantificación de bajas ha desencadenado un repunte crítico de los ataques contra la población firmante. Durante el periodo julio-septiembre de 2026 se registraron siete homicidios de firmantes de paz, lo que equivale a un alarmante incremento del 250% (cinco casos adicionales) respecto al trimestre anterior. Seis de estos asesinatos ocurrieron tras la posesión de la nueva administración gubernamental. En total, el Observatorio PAZES contabilizó 45 firmantes de paz directamente victimizados en diez departamentos.
A la par de este incremento en la violencia, se evidencia un claro desmonte de las garantías institucionales de seguridad. La terminación masiva de contratos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) redujo severamente la capacidad del Programa de Protección Especializada. Este deterioro se agrava por discursos de estigmatización procedentes de altos funcionarios del Estado —como las declaraciones del director de la UNP cuestionando las medidas de seguridad del líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño—, las cuales debilitan el deber público de protección.
Asimismo, el 3er Informe Trimestral PAZES muestra cómo se ha intensificado la acción de los grupos armados ilegales mediante la instalación de retenes en vías secundarias para despojar a lo esquemas de seguridad de sus armas de dotación y vehículos blindados, así como incursiones armadas directas en Espacios Territoriales como el AETCR Aldemar Galán en Patía (Cauca), vulnerando la integridad física y psicológica de las comunidades.
Las regiones con mayor número de hechos en 3er Informe Trimestral PAZES
- Cauca: Se consolida como el epicentro de la crisis de seguridad. Registró 53 personas afectadas en el balance general (65.43% nacional) y 32 firmantes de paz victimizados (71.11% del total de firmantes del país). A pesar de albergar a 1.001 reincorporados (9.13% nacional) y contar con una fuerte presencia militar, en Cauca se cometieron 2 asesinatos de firmantes (padre e hijo en Cajibío) y la vulnerabilidad colectiva de 25 personas en Patía.
- Nariño y Valle del Cauca: Acumulan 3 homicidios de firmantes (2 en Nariño y 1 en Cali). Nariño experimenta un grave deterioro por la ruptura de negociaciones con el Frente Comuneros del Sur del ELN y las disputas por rutas de narcotráfico y minería ilegal.
- Noroccidente (Antioquia): Es el segundo departamento con mayor número de firmantes (1.227 personas) y registró 2 firmantes afectados. Sobresale la estigmatización contra el proyecto productivo asociativo ASOMECOS en Marinilla, junto con homicidios y desapariciones forzadas de familiares de escoltas en Yondó y Zaragoza.
- Nororiente (Norte de Santander y Cesar): Marcado por la persecución a firmantes en el Catatumbo por parte del ELN, que incluye el homicidio de Wilfred Lindarte en Ocaña y el secuestro y posterior asesinato de Jhon Éver Collazos en Pelaya (Cesar).
- Sur y Caribe: Se destacan la masacre de 3 líderes en San Vicente del Caguán (Caquetá) por pugnas entre disidencias, el homicidio del dirigente sindical de la UNP Yeison Real en Ovejas (Sucre) y el confinamiento de la comunidad asociativa Sol Naciente en Arjona (Bolívar) por el Clan del Golfo.
Desafíos del Estado para proteger a los Firmantes
La violencia mantiene una alta concentración geográfica. El 3er Informe Trimestral PAZES muestra la Región Suroccidente como la zona más golpeada del país, agrupando 57 personas afectadas en 24 hechos victimizantes.
- Reestructuración de la política de seguridad: Superar la estrategia netamente represiva e integrar inversiones en desarrollo rural, sustitución voluntaria de cultivos y fortalecimiento de la reincorporación social y económica.
- Fortalecimiento institucional de la UNP: Garantizar los recursos del Programa de Protección Especializada y resolver las fallas operativas de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP), la cual evaluó 530 casos con riesgo extraordinario y 46 de género en 2026.
- Evitar la respuesta basada en el desplazamiento: Reemplazar la tendencia a resolver las crisis mediante apoyos económicos de emergencia para reubicación (40 casos en 2026), que provocan la pérdida del arraigo y proyectos de vida.
- Vencer la impunidad investigativa: Exigir celeridad a la Fiscalía General de la Nación, puesto que en 32 de los 41 hechos victimizantes (78%) la autoría del actor armado sigue figurando como desconocida.
- Eliminar la estigmatización estatal y retomar el diálogo: Cesar las descalificaciones públicas contra las personas firmantes y sus esquemas, y reactivar los acercamientos con estructuras armadas regionales para desescalar el conflicto en los territorios.
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