Incidencia letal de la disminución, insuficiencia o improcedencia de las medidas de protección a firmantes de paz.
Este Informe Especial “Homicidios en Ruta de Protección”, elaborado por el Observatorio PAZES examina la incidencia letal de la disminución, insuficiencia o improcedencia de las medidas de protección otorgadas a los firmantes del Acuerdo Final de Paz en Colombia.
A través de un enfoque territorial y de seguridad humana, la publicación analiza los hechos victimizantes ocurridos entre marzo de 2023 y agosto de 2026 contra antiguos combatientes y sus familias. El documento contextualiza el dilema de seguridad en los procesos de transición y destaca cómo las fallas institucionales vulneran los derechos a la vida y a la integridad personal.
Asimismo, el Informe Especial “Homicidios en Ruta de Protección” presenta una revisión de experiencias internacionales en materia de desarme y reintegración para evidenciar la brecha entre el diseño formal y la ejecución efectiva de las garantías estatales. Finalmente, el estudio ofrece conclusiones y recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas para fortalecer la prevención y proteger la implementación territorial de la paz.
Homicidios de firmantes de paz en ruta de protección
De acuerdo con el informe especial, 25 firmantes de paz fueron asesinados mientras se encontraban formalmente vinculados a la ruta estatal de protección. Estos casos representan el 5 % de los 513 homicidios de firmantes registrados por el Observatorio desde la firma del Acuerdo de Paz.
Distribución territorial
Los 25 homicidios en ruta de protección se registraron en 13 departamentos del país. Cauca concentra el mayor número de casos, con 6 homicidios, seguido de Meta, con 4. En conjunto, estos dos departamentos reúnen 10 de los 25 casos, equivalentes al 40 % de los homicidios ocurridos contra firmantes que se encontraban en ruta de protección.
Le siguen Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Sucre, con 2 casos cada uno, para un total de 8 homicidios. Los 7 casos restantes corresponden a Huila, Cundinamarca, Caldas, Bolívar, Arauca, Putumayo y Caquetá, con un homicidio registrado en cada departamento.
Una cifra que revela una falla crítica de protección
El informe pone en perspectiva estos 25 casos frente al comportamiento general de los homicidios contra firmantes de paz. Desde la firma del Acuerdo, el Observatorio PAZES registra 503 homicidios posteriores a la firma y 10 ocurridos durante el proceso de dejación de armas, para un total de 513 casos.
Los registros de otras entidades presentan cifras acumuladas diferentes:
| Entidad | Homicidios registrados | Corte |
|---|---|---|
| Observatorio PAZES | 513 | Acumulado del informe |
| Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) | 514 | 22 de septiembre de 2026 |
| Indepaz | 524 | 11 de septiembre de 2026 |
| Misión de Verificación de la ONU | 491 verificados | 26 de marzo de 2026 |
Las diferencias entre los registros responden a los distintos criterios metodológicos, períodos de corte y procesos de verificación utilizados por cada entidad. No obstante, todas las fuentes coinciden en evidenciar la persistencia de la violencia contra las personas que dejaron las armas y avanzan en su proceso de reincorporación.
Aprendizajes de las experiencias internacionales
El 8vo Informe Especial “Homicidios en Ruta de Protección” examina la literatura sobre experiencia internacional comparada y señala que la protección de excombatientes en procesos de paz deja las siguientes lecciones principales:
1. La superación del “dilema de seguridad”
Cuando las personas que han combatido abandonan las armas, deben dejar sus propios mecanismos de protección y confiar su seguridad al Estado o a garantes internacionales. La incertidumbre sobre si las partes cumplirán sus compromisos genera un dilema de seguridad; por ello, la implementación de arreglos institucionales de seguridad y las garantías externas resultan determinantes para generar confianza y evitar que se mantengan estructuras armadas o se vuelva a la violencia.
2. Lecciones de casos internacionales específicos
- Sierra Leona (Acuerdo de Lomé, 1999): La misión de Naciones Unidas estuvo presente en las zonas de desarme y desmovilización para monitorear y dar garantías a los excombatientes del RUF, vinculando la transición de seguridad con la reestructuración de las fuerzas armadas y la reintegración. Sin embargo, la experiencia mostró que la firma del acuerdo no elimina automáticamente la violencia residual si no hay mecanismos continuos y efectivos de seguridad e institucionalidad.
- Filipinas (Frente Moro Islámico de Liberación – MILF): La ruta de “normalización” articuló el desarme y la reintegración con la transformación política y el desarrollo territorial. No obstante, la implementación desigual y los enfrentamientos con grupos que no suscribieron los acuerdos crearon persistentes obstáculos de seguridad.
- Nepal: Incorporó mecanismos de monitoreo internacional sobre el almacenamiento de armas y arreglos especiales para la seguridad de dirigentes.
- El Salvador y Guatemala: En ambos casos (FMLN en El Salvador y URNG en Guatemala), tras la firma de la paz se documentaron asesinatos y amenazas contra antiguos combatientes. Esto demostró una vez más que la firma de un acuerdo por sí sola no garantiza la supervivencia de los excombatientes ni elimina los riesgos políticos y criminales en la transición.
3. Principios transversales de protección
- La seguridad es integral, no solo física o individual: La provisión de escoltas o vehículos es insuficiente si no se entiende la seguridad como una condición transversal ligada a la reincorporación socioeconómica, la presencia del Estado, el desarrollo territorial y las garantías para la participación política.
- Brecha entre el diseño formal y la ejecución real: La existencia de leyes o programas de protección en el papel no equivale a su cumplimiento efectivo si las instituciones carecen de capacidad material, presupuestal, administrativa u operativa suficiente en los territorios.
- Articulación entre protección inmediata y prevención estructural: Proteger efectivamente exige combinar la atención al riesgo individual con medidas dirigidas a intervenir las condiciones estructurales del territorio (como el control de grupos armados e economías ilegales) que generan y reproducen el peligro.
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Incidencia letal de la disminución, insuficiencia o improcedencia de las medidas de protección a firmantes de paz
Publicación No. 8 | Septiembre de 2026
- 8vo Informe Especial: Homicidios en Ruta de Protección
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