Limitaciones para la participación política: Estigmatización, riesgo subvalorado para Firmantes de Paz
Este documento constituye el 2do Informe Trimestral de 2026 elaborado por el Observatorio PAZES, el cual documenta la situación de seguridad de quienes suscribieron el Acuerdo Final de Paz en Colombia. El reporte destaca que la estigmatización y la violencia sistemática representan barreras críticas que impiden la participación política y la reincorporación efectiva de esta población.
Mediante un análisis territorial, se exponen diversos hechos victimizantes, tales como amenazas, atentados y homicidios, que afectaron tanto a firmantes como a sus familias y comunidades cercanas entre abril y junio de 2026.
Los datos revelan una crisis humanitaria concentrada en regiones como el Suroccidente y Oriente del país, donde el control de grupos armados ilegales persiste. Finalmente, el informe subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección estatal ante el deterioro de la seguridad en el contexto de las elecciones presidenciales.
PRINCIPALES IMPACTOS REVELADOS POR EL 2DO INFORME TRIMESTRAL PAZES
Democracia bajo fuego: El impacto de la violencia política contra los firmantes de paz en las elecciones presidenciales de 2026
El reciente contexto electoral en Colombia se convirtió en una prueba crítica para la reincorporación política y las garantías de seguridad de las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz. Durante la contienda democrática de 2026, la estigmatización sistemática y la proliferación de discursos de odio operaron como la puerta de entrada a graves violaciones de derechos humanos.
Se reactivaron narrativas estigmatizantes que catalogaron de “guerrilleros” a quienes hicieron la paz, desconociendo su estatus legal y legitimando agresiones posteriores. Esta violencia simbólica no solo fracturó el buen nombre y debilitó la confianza institucional —a causa de funcionarios públicos que en algunos casos respaldaron o reprodujeron dichos señalamientos—, sino que actuó como un detonante directo que preparó el terreno para la intimidación física y la exclusión de los liderazgos alternativos.
Gobernanzas armadas y censura territorial: El cerco al ejercicio de los derechos políticos
La participación política en las regiones se vio severamente coartada por el accionar de grupos armados ilegales que impusieron vedas electorales explícitas a las actividades de campaña. Esta parálisis del proselitismo democrático impactó fuertemente a municipios estratégicos como Puerto Parra en Santander, Tame y Arauca en la Orinoquía, así como a poblados del Cauca (incluyendo Toribío, Caloto, Argelia y Suárez), además de amplias zonas de Guaviare, Meta, Antioquia y Chocó.
El veto armado no solo coartó la libertad de asociación y el pluralismo democrático, sino que sometió a las comunidades a un estado de confinamiento político donde las reglas de juego fueron dictadas por actores violentos al margen de la ley.
Violencia focalizada y riesgos diferenciados: El ataque directo contra el liderazgo de las mujeres
La violencia política, de acuerdo con este 2do informe trimestral, escaló a agresiones directas contra sedes y liderazgos del Partido Comunes y organizaciones de base, registrándose hechos de alta gravedad como atentados a disparos contra la vivienda de la coordinadora municipal de campaña en Florencia, Caquetá. En este escenario, la amenaza se consolidó como la principal estrategia de coerción territorial, representando el 33,9% de los ataques documentados contra la población firmante para forzar su desplazamiento o acallarla.
Este impacto recayó de manera desproporcionada sobre las mujeres lideresas, quienes enfrentaron riesgos y violencias altamente diferenciadas al desafiar órdenes patriarcales y armadas en sus territorios, especialmente cuando abanderaron la defensa de los derechos a la tierra, la soberanía alimentaria y la organización comunitaria.
Cifras del impacto en el 2do Informe Trimestral PAZES
El informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 expone una realidad preocupante: la violencia contra las y los firmantes de paz y su entorno no opera de forma aislada, sino mediante dinámicas sistemáticas de control territorial y coerción política. Tres indicadores clave sintetizan la magnitud de esta crisis:
–Desplazamiento forzado (375 personas afectadas): Constituye el impacto humano de mayor escala en el periodo evaluado. Este fenómeno responde directamente a las disputas territoriales, concentrándose de manera crítica en la región Suroccidente, donde se registraron 374 del total de las víctimas entre firmantes y miembros de la comunidad.
–Estigmatización y violencia simbólica (185 personas victimizadas): Catalogado en el informe como un riesgo subvalorado, la estigmatización opera principalmente a nivel colectivo. En la coyuntura electoral, los discursos de odio y el señalamiento sistemático —como el uso del estigma de «guerrilleros»— impactaron masivamente a comunidades en proceso de reincorporación, restringiendo severamente el ejercicio de sus derechos políticos.
–Amenazas e intimidación (33,9% del total de eventos victimizantes): La intimidación se consolidó como la modalidad de violencia más recurrente, con 19 casos directos contra personas en reincorporación. Al evaluar el entorno comunitario, la cifra asciende a 153 personas afectadas en el trimestre. Este patrón no es menor: la amenaza actúa recurrentemente como la fase previa a agresiones letales, como homicidios o atentados.
La gran conclusión del escenario es que las personas Firmantes de Paz enfrentan un riesgo sistémico y multidimensional, donde la estigmatización actúa como precursor directo de la violencia física y la exclusión política. En este marco, el Informe de Seguimiento 004 de 2026 de la Defensoría del Pueblo resulta clave al evidenciar las fallas del Estado para mitigar esta crisis:
- Respuesta tardía e insuficiente: La Defensoría advierte una marcada falta de oportunidad en la respuesta institucional, dejando a firmantes amenazados o victimizados en espera indefinida de estudios y esquemas de protección.
- Esquemas desfasados de la realidad: Las medidas actuales son de carácter individual e ineficaces frente a la dinámica territorial de los grupos armados (EMC, Disidencias, Clan del Golfo y ELN), desprotegiendo al núcleo familiar e ignorando los ataques directos contra los propios esquemas de seguridad.
- La estigmatización como detonante: La violencia simbólica y los discursos de odio legitiman las agresiones posteriores y anulan el derecho a la participación política.
El análisis conjunto de la Defensoría y los datos del periodo ratifica que la transición hacia la política está bajo asedio; por ello, se urge a trascender el esquema individualista hacia una protección integral, comunitaria y familiar que neutralice el estigma antes de que se traduzca en violencia letal.
Así trabajamos desde Cobsepaz por la transformación de los conflictos y la prevención de la estigmatización contra Firmantes de paz y liderazgos sociales en Colombia.
REVISA TAMBIÉN EL 1ER INFORME TRIMESTRAL PAZES 2026. AQUÍ
Para acceder a esta investigación con la totalidad del análisis, descarga ya el PDF “2DOLimitaciones para la participación política: Estigmatización, riesgo subvalorado para Firmantes de Paz en el siguiente enlace 👇🏾
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