Primer Informe Trimestral 2025. Población civil: principal víctima de los grupos armados.
En este primer informe trimestral se observa, cómo, tras la ola de violencia que emergió en la región del Catatumbo, las cifras de víctimas se incrementaron de forma alarmante. La población civil que vive en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio junto con Firmantes de Paz radicada en otros municipios han padecido homicidios, secuestros, confinamientos, desplazamientos forzados y otras afectaciones. La cifra de homicidios de Firmantes de Paz se elevó a 15 en los tres primeros meses del año.
A la par con nororiente, la población civil del sur occidente y el noroccidente del país se ve afectadas por los enfrentamientos, paros armados y hostigamientos que ejercen los grupos armados por el control territorial.
En este primer informe trimestral del año, se muestra cómo “las guerras” se han recrudecido en las diferentes regiones del país: En el nororiente se enfrentan el grupo armado ilegal autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del llamado Estado Mayor Central (EMC) que comanda por Calarcá. Por otro lado, en el noroccidente luchan el ELN y el Clan del Golfo y, finalmente, en el suroccidente los grupos armados autodenominados Segunda Marquetalia, EMC, Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han convulsionado por el control territorial de los diferentes corredores que facilitan el tráfico de armas, sustancias de uso ilícito y trata de personas.
🚨#ALERTA‼️70 #FirmantesDePaz y sus familias en #NAR Omaira Díaz, dejarán sus proyectos y procesos de tejido social en San Francisco, Yondó, para desplazarse forzadamente al predio Santamaria, en Puerto Parra, el cual esperan les sea adjudicado por @AgenciaTierras @ARNColombia pic.twitter.com/8o5Rxx7pi7
— Observatorio de Paz – PAZES (@ObserPAZES) March 19, 2025
El Observatorio PAZES identificó las siguientes afectaciones contra la población civil: De 235 hechos victimizantes en todo el país, 112 fueron directamente contra población objeto del del Decreto 299 de 2017. En el primer trimestre del año fueron asesinados 15 Firmantes de Paz, elevando la cifra a 462 asesinatos desde el Acuerdo de Paz en 2016. Los principales hechos victimizantes que registraron un alto número fueron los actos de confrontación armada, homicidios de personas de la comunidad y secuestros, y Cauca, Norte de Santander, Arauca, Valle y Antioquia, en su orden, fueron los departamentos con mayor número de vulneraciones contra Firmantes de Paz, sus familias o militantes del partido Comunes.
Como se observa en este informe, el primer trimestre del año 2025 trajo consigo diferentes focos de confrontaciones armadas y los principales afectados han sido los campesinos y comunidades que viven en municipios cercanos a los corredores de economías ilegales, destacándose la arremetida del ELN contra la población civil en el Catatumbo.
🆕¡#LONUEVO! INFORME ESPECIAL: CATATUMBO, una nueva #crisishumanitaria. #difundir Conoce los principales hitos en la memoria del #Catatumbo, normatividad y decisiones para afrontar la situación que #hoy se vive allí.#ConflictoArmado #Paz
— Observatorio de Paz – PAZES (@ObserPAZES) March 27, 2025
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La población Firmante de Paz del Área Especial de Reincorporación Colectiva (AERC) Omaira Díaz, el ETCR Caño Indio y la AERC Simón Trinidad fue desplaza forzosamente, frente a múltiples atentados, secuestros, extorciones y amenazas, la mayoría con autoría del EMC, AMBF y el ELN.
Ante el elevado número de situaciones que vulneran la seguridad de personas Firmantes de Paz, comparecientes forzosos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad convocó a una audiencia pública el pasado 10 de abril. Este espacio, inicialmente agendado para el 27 de marzo y reprogramado para asegurar la presencia y el compromiso de los organismos competentes, tuvo como objetivo coordinar acciones urgentes y efectivas entre las entidades e instituciones responsables de garantizar la protección de las y los firmantes, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.
Pese a todo lo anterior, las instituciones del Estado encargadas de prestar la seguridad y protección a la población han sido sorprendidas, dejando al descubierto su incapacidad para anticiparse y prevenir los actos criminales, aun cuando se han conocido las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Se evidencia en la institucionalidad del Estado débil compromiso e ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones y deberes para garantizar la vida y seguridad de las personas en proceso de reincorporación, incluso de la misma población civil.
Consulte también el Informe Especial Alerta de Seguridad
Para conocer más detalles, cifras, comparaciones, mapas, cuadros y análisis, sobre la cruda escalada de violencias en contra de Firmantes de Paz, familiares, militantes del partido Comunes, y afectaciones a la población civil en general, en las diferentes regiones de Colombia: ¡Descargue ya! el Primer Informe Trimestral del 2025.

confrontaciones armadas y los principales afectados han sido los campesinos
y comunidades que viven en municipios cercanos a los corredores de
economías ilegales.
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