Informe Anual 2024 – Observatorio PAZES
El siguiente Informe Anual del 2024 se busca exponer los cambios en las dinámicas de violencia en las distintas regiones del país durante dicho año y su impacto en la población Firmante de Paz, sus familiares e integrantes del Partido Comunes (Población objeto del Decreto 299 de 2017) sustentado en las estadísticas elaboradas a partir de los hechos victimizantes registrados por el Observatorio PAZES desde los territorios en los que existen núcleos de personas Firmantes de Paz adelantando sus procesos de reincorporación colectiva y/o individual.
Los datos han sido contrastados y complementados con los de otras fuentes de información secundaria. En la primera parte de este Informe Anual se muestran las estadísticas de victimizaciones perpetradas durante todo el año, y una presentación descriptiva de los datos. En un segundo segmento se realiza un análisis sobre las causas de las variaciones de los datos en el tiempo, y una contextualización general de la violencia en los territorios, enfatizando en los actores y modalidades de victimizaciones predominantes en cada región. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.
Durante el año 2024 se registraron un total de 445 hechos violentos en contra de la población objeto del Decreto 299 y las personas relacionadas en sus entornos. Las regiones en donde se reportó mayor cantidad de victimizaciones fueron – en orden descendente – Suroccidente, Sur y Oriente del país.
En este Informe Anual PAZES del 2024 se concluyen varias cosas. La primera es que la Defensoría del Pueblo ha alertado que en 790 municipios del país hay presencia de grupos armados, y la expansión se atribuye al control territorial por los corredores de economías ilegales, narcotráfico, recursos naturales y trata de personas migrantes. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsó nueve negociaciones con diferentes actores armados, los resultados son discretos y hoy no se cuenta con acuerdos parciales o avances considerables.
La complejidad del conflicto en algunas regiones del país exige del Estado una política de largo aliento que combine, de manera integrada, diálogos con las organizaciones armadas, programas de atención e inversión social sistemática y suficiente y presencia de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el disfrute de derechos a las personas en los territorios. Desvincular temporal o permanentemente los componentes de la acción integral del Estado ha sido nefasto para la consolidación de la paz.
Uno de los casos que ha develado las equivocaciones en la manera de implementar la política de paz total del Gobierno es el departamento del Cauca y, en general, el suroccidente del país. Esta es una región con alta presencia de grupos al margen de la Ley, entre los cuales se destacan el EMC, las AGC, el ELN, el Frente 57 y Segunda Marquetalia, en un contexto de organizaciones sociales fuertes, constituyéndose en una de las zonas con mayor complejidad en materia de orden público.
Las disputas por el control de las economías ilícitas han generado confrontaciones armadas entre los grupos, y el impulso de la operación Perseo por parte de la Fuerza Pública en el cañón del Micay, Cauca, ha generado situaciones colaterales en toda la región, que van desde amenazas, confrontaciones armadas, retenes ilegales, robos de vehículos de alta gama y atentados terroristas hasta confinamientos y constreñimiento a la población civil, lo que afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos y pone en riesgo la vida de la personas civiles, incluida la población objeto del Decreto 299 de 2017.
No muy distinta es la situación en el Noroccidente, una región también con alta presencia de grupos al margen de la Ley, los cuales mantienen una dinámica que genera convulsión entre la población. La situación de orden público es álgida, pasando por confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, paros armados, confinamientos, constreñimientos a la población civil, acciones que a todas luces son contrarias a las reglas de DIH y al ejercicio pleno de derechos humanos en un país que ha firmado y ratificado los tratados de DDHH.
Tal como se muestra en este Informe Anual PAZES 2024, esta situación no es ajena a la población objeto del Decreto 299 de 2017, y agrava la condición de Firmantes, dado que no pueden hacer ejercicio de los derechos políticos por causa de la estigmatización y las limitaciones al ejercicio de la política.
A pesar de tener diagnósticos de las dinámicas de la violencia en los distintos territorios y prever situaciones de vulneración a los derechos humanos de los Firmantes y demás personas de la población civil, previsiones manifestadas en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, indican que se carece de una efectiva acción coordinada interinstitucional para responder de manera preventiva a las amenazas y evitar que se materialicen en hechos victimizantes.
Para conocer los detalles estadísticos y descriptivos, así como las recomendaciones, descarga y lee todo el Informe Anual PAZES 2024, a continuación.
