Una nueva guerra amenaza las comunidades del oriente y sur del país, exacerbando las tensiones ya presentes en los territorios rurales, donde el conflicto armado parece reactivarse con mayor fuerza. El presente informe busca dar cuenta de los hechos victimizantes registrados por el Observatorio PAZES durante el mes de septiembre de 2024, que afectaron directamente a la población amparada por el Decreto 299 de 2017. Este grupo incluye a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, sus familias, y los militantes del partido surgido de dicho acuerdo, quienes continúan siendo blanco de hostigamientos, atentados y homicidios en un contexto de creciente violencia en varias regiones del país.
En el mes de septiembre, el Observatorio PAZES registró un total de 44 hechos victimizantes, entre los que se destacan cuatro hostigamientos y dos homicidios contra firmantes de paz, así como dos atentados contra sus familiares. Este alarmante incremento de la violencia refleja la complejidad de los desafíos que enfrenta el proceso de paz en Colombia, particularmente en aquellas zonas donde los grupos armados ilegales han consolidado su control territorial. Estos grupos, en su lucha por dominar economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, han intensificado las confrontaciones, afectando directamente a las comunidades rurales que han sido históricamente desprotegidas por el Estado.
Este informe no solo pretende exponer los hechos, sino también brindar un análisis profundo sobre las dinámicas que subyacen a estos eventos, con el fin de contribuir a una comprensión más clara del panorama de seguridad actual en el país. La guerra que se recrudece en el oriente y sur de Colombia no es simplemente una continuación de conflictos pasados; se trata de una nueva etapa en la lucha por el control territorial, marcada por la aparición de actores criminales que buscan aprovechar las debilidades del Estado y la creciente demanda de economías ilegales en los mercados internacionales. Los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes han apostado por la reincorporación a la vida civil, se encuentran en el centro de este conflicto, enfrentando no solo la amenaza de grupos armados ilegales, sino también la falta de protección efectiva por parte del gobierno.
El análisis de los datos proporcionados por el Observatorio PAZES muestra que las regiones más afectadas durante septiembre fueron aquellas donde los grupos armados ilegales han fortalecido su presencia. En la región noroccidental, por ejemplo, se registró un incremento del 50% en los hechos victimizantes en comparación con el mes de agosto, lo que pone de manifiesto la capacidad de estos grupos para operar en zonas donde el Estado ha tenido dificultades para ejercer control. En contraste, la región suroccidental experimentó una disminución del 76% en estos hechos, lo que podría estar vinculado a los esfuerzos recientes del Estado para recuperar el control en áreas críticas. Sin embargo, esta aparente mejoría no debe interpretarse como un éxito definitivo, ya que la violencia se ha desplazado hacia otras regiones, como el oriente, donde se ha intensificado.
En este contexto, una nueva guerra amenaza las comunidades del oriente y sur del país, exacerbada por la disputa territorial entre grupos armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y otros recursos ilícitos. En regiones como Quibdó, Chocó, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. El Observatorio PAZES ha reportado un aumento significativo en los homicidios por sicariato, especialmente en espacios públicos, lo que subraya la impunidad con la que operan estos grupos. Ocho de cada diez homicidios registrados en septiembre en esta región ocurrieron en Quibdó, lo que ha convertido a esta ciudad en un epicentro de la violencia.
El informe se estructura en dos apartados principales. En el primero, se ofrece un análisis detallado de los hechos victimizantes registrados por región, con un enfoque especial en aquellas áreas donde la violencia ha tenido un impacto más significativo. Este apartado permite identificar las tendencias más preocupantes y las zonas que requieren una intervención urgente por parte del Estado. El segundo apartado está dedicado a los hechos más trascendentales de septiembre, con un análisis cualitativo que busca ofrecer una perspectiva más profunda sobre la naturaleza y las motivaciones detrás de los ataques.
El aumento de la violencia en Colombia, y en particular contra los firmantes del Acuerdo de Paz, es un recordatorio inquietante de los retos que enfrenta el país en su camino hacia la consolidación de la paz. La guerra que amenaza a las comunidades del oriente y sur del país no solo afecta a quienes están directamente involucrados en el conflicto, sino que también genera un impacto devastador en las familias y comunidades que han sido históricamente marginadas y vulnerabilizadas por la ausencia del Estado.
Invitamos a los lectores a profundizar en este informe, el cual ofrece una visión integral y detallada de los hechos victimizantes registrados en septiembre. La información presentada es un llamado urgente a la acción, tanto para las autoridades nacionales como para la comunidad internacional, en la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan garantizar la protección de las poblaciones más afectadas y avanzar hacia una paz duradera en los territorios más golpeados por el conflicto.
