El miércoles 16 de noviembre tuvo lugar en la Universidad de los Andes el lanzamiento del Observatorio Gestión de Conflictos y Construcción de Paz – PAZES. Se hizo en el marco del Congreso “Liderazgos y reincorporación: experiencias y aprendizajes para la paz”, organizado por dicha Universidad, el Instituto Colombo Alamán para la Paz (CAPAZ) y la Segunda Misión de Verificación de Naciones Unidas. Participaron además académicos de otras cuatro instituciones de educación superior: Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad de Antioquia y Universidad de Ibagué.
La Jurisdicción Especial para la Paz envió dos delegadas y se hicieron presentes representantes diplomáticos de la embajada alemana y algunas ONG´s de derechos humanos como ANDAS y el CPDH.
El Observatorio PAZES surgió como resultado del liderazgo que ejercen desde los territorios un grupo de 22 ex comandantes de las FARC-EP, ex mandos medios, que desde hace cuatro años vienen trabajando en el monitoreo y seguimiento a la situación de seguridad y derechos humanos de la población firmante del Acuerdo de Paz, mediante el programa de enlaces de la Instancia Tripartita de Seguridad y Protección (ITPS)[1].
Durante el lanzamiento, se hizo la exposición y entrega del informe: A seis años de la firma del Acuerdo, la paz se desangra. Este informe es el resultado de la investigación -recolección de la información, sistematización y análisis- de los hechos victimizantes sucedidos en el presente año -del 1 de enero al 20 de octubre de 2022- realizada por los 22 enlaces ITPS, con el apoyo de un equipo de profesionales e investigadores (as). En él se da cuenta, además de estadísticas, de las realidades conflictivas de los territorios que impactan fundamentalmente a los firmantes de paz, y en general a todas las poblaciones objeto de protección del Acuerdo de Paz[2]. Se identificaron patrones de violencia a nivel nacional, agentes de violencia territoriales y se señalaron los principales hitos de la vida política que en el presente año incidieron para que se dispararan los hechos victimizantes, como los periodos electorales, las guerras entre organizaciones armadas ilegales, los vínculos de integrantes de la Fuerza Pública con actores criminales, entre otros.
Pertinencia del el Observatorio de paz PAZES
Para nadie es un secreto que el presidente Iván Duque durante sus cuatro años de Gobierno intentó “hacer trizas” el Acuerdo de Paz mediante acciones judiciales y legales, el desfinanciamiento, la formulación de políticas públicas paralelas a las del Acuerdo como el Plan de Acción Oportuna (PAO) y el desvío de recursos de la paz hacia otros destinos, mientras simulaba ante la comunidad internacional y la opinión pública, que estaba cumpliendo con la implementación: en eso consistió su política de “Paz con legalidad”. La no implementación de instancias del Acuerdo fundamentales para garantizar la seguridad y los derechos de los firmantes y combatir las organizaciones criminales, como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), además generó un vacío institucional en el monitoreo del funcionamiento de instancias del Acuerdo y aplicación de las políticas públicas para la paz. Vacío que fue llenado en alguna proporción por organizaciones de la sociedad civil y por los mismos firmantes a través del trabajo del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la instancia Tripartita de Protección y Seguridad, de la cual nace el observatorio PAZES.
PAZES se basa en información que proviene directamente de los territorios impactados por la violencia, en los cuales las personas firmantes del Acuerdo de Paz adelantan su proceso de reincorporación en los ETCR y NAR. Quienes aportan la información para el análisis son personas en proceso de reincorporación, ex mandos medios, generalmente testigos de excepción de los hechos, quienes tienen un liderazgo importante representado en la ascendencia sobre el personal en reincorporación, en el relacionamiento con las comunidades, la interlocución con la institucionalidad local y regional, y por su compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz.
Esta iniciativa es también una herramienta de evaluación de las políticas públicas para la paz, que será de gran importancia para el gobierno de Gustavo Petro que ha iniciado con correctivos importantes en la implementación del Acuerdo, en tanto hará permanentemente recomendaciones sobre políticas públicas y entregará sus hallazgos de forma oportuna a las instancias del sistema judicial y de la JEP. El objetivo del Observatorio PAZES es forjar paz territorial en las regiones de la mano con las comunidades y con la intervención de las instituciones.
[1] La Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (ITPS) tiene como finalidad unificar esfuerzos para operacionalizar, coordinar y monitorear de forma integrada las medidas de prevención y protección implementadas en favor de las y los integrantes del partido surgido del Acuerdo de Paz (hoy Comunes), actividades y sedes, así como las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y sus familiares en todo el territorio colombiano. La componen integrantes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (ONU), Instituciones de seguridad del Estado y un grupo de representativo de firmantes del Acuerdo de Paz articulados al componente Comunes de la Mesa Técnica de la SESP.
[2] El Decreto Ley 299 de 2017 establece como población objeto de protección “a las y los integrantes, del nuevo movimiento o partido político que surja del transito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así́ como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”.
