Los días 22 y 23 de noviembre llegaron a Bogotá, un grupo de firmantes de paz, desplazados de Arauca, quienes hoy se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Casanare y Bogotá. Su propósito, reunirse con representantes del Gobierno para buscar salidas que propicien el regreso a su territorio de origen de forma definitiva y con garantías de seguridad para sus vidas, de forma digna.
Los firmantes desplazados de Arauca señalan la difícil situación que se vive en el departamento; los señalamientos, estigmatización, amenazas, desplazamiento forzado, atentados y asesinatos han sido una constante en estos 6 años de la firma del Acuerdo. De los 346 firmantes asesinados a la fecha, 11 son de Arauca, además de 2 desaparecidos y más de un centenar de desplazados.
La violencia ha impedido que estas comunidades puedan consolidar sus proyectos productivos, por el contrario, se han visto sometidos a la guerra que distintas organizaciones armadas, incluido el Estado, han desatado sobre esta población.
Los ex combatientes lanzan un SOS, no solo al Gobierno Nacional sino a la comunidad internacional, para que se tomen medidas con el fin de frenar la tragedia humanitaria de este departamento, e insisten en establecer canales de diálogos con las distintas entidades que permitan fortalecer acciones de convivencia, reconciliación y paz. Todo sustentado en la implementación del Acuerdo de Paz.
Estas son algunas de las peticiones que de manera urgente solicitan:
Primero: Seguridad integral (acceso a la salud en el territorio, a la educación, vivienda y tierras) y garantizar el derecho a la vida para todos los firmantes, sus familias y líderes sociales, defensores de los derechos humanos, como también a las comunidades en general.
Segundo: Garantizar la reubicación o retorno a sus lugares de arraigo de aquellos firmantes y sus familias desplazadas desde enero del año 2022, debido a la confrontación entre los grupos armados, con plenas garantías de seguridad, estabilidad y acceso a derechos en el marco del proceso de reincorporación y no repetición. Exigen:
- El reconocimiento como víctimas de los firmantes de paz que han sido desplazados forzosamente, de manera que puedan acceder efectivamente a los mecanismos de respuesta gubernamental existentes – Ley 1448.
- Generar procesos ágiles de indemnización para las y los firmantes y sus familias afectadas por la violencia en el marco de la ley de víctimas.
- Solicitar, en el marco de la urgencia de la situación de los firmantes desplazados, la creación de una ruta expedita ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para que atienda los casos referidos.
Tercero: Priorizar acciones en favor de las personas con discapacidad (lisiados de guerra), adultos mayores, y garantía de acceso a la salud para personas con enfermedades de alto costo. En ese sentido solicitan:
- Impulsar el desarrollo de comedores comunitarios que garanticen el acceso al derecho a la alimentación para los firmantes y comunidad que se encuentra dentro de la población adulta mayor, con enfermedades de alto costo o con discapacidad en el ETCR, así como vincular a la población en los programas sociales correspondientes en el territorio.
- Garantizar un sustento o pensión para los y las firmantes adultos mayores, con enfermedad de alto costo o con discapacidad, que garantice el acceso a un mínimo vital.
Cuarto: Realizar el diagnóstico respectivo para la recuperación y fortalecimiento de los proyectos productivos, individuales y colectivos que por causa del conflicto en Arauca están abandonados y no son sostenibles, en los municipios de Arauca, Tame, Arauquita, Fortul y Saravena. Que se cumpla la implementación del Acuerdo en su integralidad con enfoque diferencial.
Quinto: Compra de tierras para los planes de vivienda y proyectos productivos, incluyendo los ETCR y NAR.
- Garantía de acceso a tierras (urbana y rural). Instar al Gobierno Nacional a generar rutas de compra directa de predios tanto para los proyectos productivos o de vivienda.
- Vincular a la SAE en los procesos de identificación de posibles predios que permitan solventar las necesidades productivas o de vivienda.
Sexto: Los proyectos sin tierra, sin canales de comercialización y seguridad integral nacen muertos, por ello se debe seguir con la asignación mensual y los víveres para los que están en los ETCR y un subsidio temporal (apoyo) de alimentación y arriendo para las familias desplazadas por medio de la ruta establecida para el pago de la asignación que sume alrededor de $1.200.000 adicional a la asignación mensual. Lo anterior, hasta que se logre la estabilización de los proyectos productivos y su sostenibilidad ante la urgencia humanitaria.
Séptimo: Se propone que los nuevos funcionarios como director de la UNP y ARN, sean personas comprometidas con el Acuerdo de Paz, se requiere la restructuración de la ARN y el fortalecimiento de las instancias del Acuerdo para que puedan cumplir con sus funciones y con la participación desde territorio. Finalmente, los firmantes de Arauca esperan poder regresar a sus territorios en el menor tiempo posible, con garantías sociales, políticas y económicas, que puedan vincularse a un empleo que les permita solventar sus necesidades básicas de vivienda, servicios básicos, alimentación y algo no menos importante: que sus hijos tengan acceso a la educación.
