Informe Especial: Cartografías de la Violencia en el Cauca, dinámicas de victimización contra firmantes y desafíos de la paz (2023–2025)
El departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los principales escenarios del conflicto armado interno en Colombia. Su ubicación geográfica estratégica —con salida al Pacífico, conexión con el sur del país y cercanía a corredores hacia el centro— lo ha convertido en un territorio codiciado por diversos actores armados.
La firma del Acuerdo de Paz en 2016 generó expectativas de transformación profunda en la región. Sin embargo, la implementación no ha logrado superar las barreras estructurales que le dieron origen al Acuerdo, abordadas, por ejemplo, en la reforma agraria, los PDET y la lucha contra las organizaciones criminales y las sucesoras del paramilitarismo (subpunto 3.4. del AFP).
Esto abrió espacio a la reorganización de actores armados residuales y emergentes, que disputan corredores estratégicos en municipios como Argelia, El Tambo y Miranda. El ELN, por su parte, mantiene influencia en zonas rurales del sur del Cauca, especialmente, de acuerdo con Indepaz (2025), en áreas de frontera con el departamento de Nariño, mientras que grupos neoparamilitares ligados al narcotráfico intentan controlar las rutas hacia el Pacífico.
En este Informe Especial se muestra cómo el impacto en la población civil ha sido devastador. Comunidades indígenas del norte y oriente han denunciado confinamientos, homicidios y reclutamiento de menores, en contravía de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Organizaciones afrodescendientes de la costa Pacífica han sufrido desplazamientos masivos y confinamientos, mientras que líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido blanco de amenazas y asesinatos. Según la Defensoría del Pueblo (2023), el Cauca es uno de los departamentos con mayor número de alertas tempranas emitidas por riesgo a comunidades y líderes.
En este contexto, las personas firmantes del Acuerdo de Paz han enfrentado condiciones adversas para su reincorporación. La falta de garantías de seguridad ha derivado en hechos de violencia selectiva, amenazas, atentados y homicidios. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2024) señaló que el Cauca concentra un porcentaje significativo de los asesinatos de excombatientes ocurridos en el país, lo que refleja la persistencia de la violencia política y el incumplimiento de las obligaciones estatales de protección.
El Cauca, por tanto, ejemplifica la paradoja del proceso de paz en Colombia: Mientras se construyen experiencias comunitarias de reconciliación y proyectos productivos, persisten estructuras armadas que ponen en riesgo tanto a la población civil como a quienes firmaron la paz. Este informe se inserta en esa tensión histórica, buscando aportar elementos de análisis que permitan comprender por qué la violencia se ha mantenido y cuáles son sus implicaciones para los derechos humanos y el DIH en el departamento.
Pertinencia de este Informe Especial
¡URGENTE! El presente informe especial resulta pertinente en tanto contribuye a documentar, visibilizar y analizar de manera sistemática los hechos victimizantes contra las personas firmantes del Acuerdo de Paz en el departamento del Cauca, en el periodo comprendido entre enero de 2023 y julio de 2025. La importancia de este ejercicio radica no solo en su valor descriptivo, sino en la posibilidad de generar insumos estratégicos para la formulación de políticas públicas, la acción estatal y la incidencia de organizaciones sociales e internacionales en materia de protección y garantía de derechos.
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Cifras importantes en este informe especial sobre el Cauca
¡Impactante! Este Informe Especial del Observatorio PAZES revela el deterioro alarmante de la seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz en el departamento del Cauca. Este análisis exhaustivo, que cubre el periodo de enero de 2023 a julio de 2025, documenta una escalada imparable de hechos victimizantes. ¡La paz está en riesgo y la población civil también!
Tendencia Crítica: La violencia se dispara
Los datos son claros y contundentes en este informe especial. El equipo del Observatorio PAZES registró un total de 273 hechos victimizantes en menos de tres años. Lo más preocupante es la tendencia al alza año tras año, que subraya la intensificación del conflicto en el territorio:
- 2023: 78 hechos.
- 2024: 87 hechos.
- 2025 (hasta julio): ¡108 hechos!
Esta curva ascendente muestra un quiebre en las garantías de seguridad y un preocupante aumento progresivo de la violencia dirigida.
Patrones de Ataque: ¿Qué está sucediendo?:
La violencia no es casual. El informe especial destaca los hechos más recurrentes, evidenciando que los firmantes son víctimas directas e indirectas de la guerra que persiste:
- Confrontaciones armadas: El hecho más registrado, con 93 casos, exponiendo a los excombatientes y sus comunidades al fuego cruzado.
- Homicidios: Se documentaron 45 asesinatos de firmantes y personas vinculadas a sus procesos.
- Amenazas directas: Al menos 30 registros, debilitando la participación y el liderazgo.
- Atentados: 25 casos, la mayoría con uso de armas de fuego y explosivos improvisados.
Geografía del peligro: El territorio en disputa
La violencia se concentra en zonas estratégicas, ligadas a corredores de movilidad e economías ilícitas. Los cinco municipios con mayor afectación se convierten en focos rojos de la inseguridad: Argelia (32 casos), Santander de Quilichao (31 casos), Popayán (21 casos), Corinto (21 casos) y Toribío (20 casos).
Selectividad: La violencia apunta a la reincorporación
El Observatorio PAZES subraya que la violencia tiene un carácter selectivo. Los ataques (homicidios, amenazas y atentados) se dirigen estratégicamente contra:
- Líderes de proyectos productivos.
- Voceros políticos del partido Comunes.
- Personas con roles visibles en sus comunidades.
Esta violencia dirigida no busca solo causar víctimas, sino debilitar la confianza en el proceso de paz, limitar su incidencia política y garantizar el control territorial e intereses ilegales de los grupos armados. La propia JEP lo ha señalado: Los ataques buscan “preservar control territorial” y “evitar la consolidación de organismos de participación civil”.
Para conocer todo el análisis, accede al Informe Especial Cartografías de la violencia en el Cauca: dinámicas de victimización contra firmantes y desafíos de la paz, en el siguiente enlace.
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